Viernes 19 de Enero de 2018, 07:58
EN ALERTA. Los sindicalistas se reunieron ayer para evaluar el impacto de la recomposición salarial en los haberes de la administración pública. La Gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO.
Los empleados estatales le reclaman al Ejecutivo que la diferencia que deben cobrar por el aumento de la inflación también incluya al aguinaldo. El
convenio que firmaron los gremios estatales y el Gobierno el año pasado cuando cerraron las paritarias obligaba al Poder Ejecutivo a
ajustar automáticamente el salario si la inflación anual superaba el 23% del aumento.
Las últimas cifras del Indec señalan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2017
se incrementó un 1,8% por encima del 23%. Por lo tanto, el Gobierno salió a decir que pagaría esa diferencia de diciembre y enero.
Según Enzo Alarcón, el Ejecutivo solo se comprometió a abonar estos meses, pero
no incluyó al aguinaldo. “Queremos que se liquide también,
por eso hemos pedido una reunión con las autoridades”, explicó.
El jueves al mediodía
se reunieron los representantes del Frente de Gremios Estatales y Municipales, integrado por ATE, los municipios del interior y otros organismos. Planilla en mano, se pusieron a
estudiar cómo repercutirá en los bolsillos de los trabajadores este incremento.
“
El 1,8% no significa casi nada porque el
80% de la administración pública reviste categoría 18, o sea que tendría un incremento de $ 200”, precisó Alarcón.
Según el gremialista “las cifras del Indec son mentirosas” porque no reflejan la realidad. “Hoy (por el jueves)
en Simoca hubo reclamos por los aumentos en la boleta de la luz. La inflación es mucho más alta”, agregó.
También estaban
Gustavo Salas Correa, secretario General de ATE Tucumán; y
Margarita Sánchez, de la Estación Experimental. Entre los pedidos que le harán la semana que viene a los funcionarios del Gobierno se encuentran otros dos puntos: la
prioridad en el ingreso al Estado de los hijos de los empleados fallecidos o jubilados y se pedirá que se presente un
proyecto de ley para que el bono de fin de año deje de ser una “posibilidad”, sino que se trate de algo fijo de lo que solo reste negociar el monto.
Sobre el tema de los hijos, Alarcón explicó que
hay un decreto del año 1971 que todavía sigue vigente. “No es un hecho inconstitucional porque no le quita al poder político la posibilidad de que nombre personal. Solo pedimos que se incorpore primero a los hijos de los empleados”, añadió.
Las cifras del PESe estima que el 1,8% en cuestión, disparador de la cláusula gatillo, tendrá un impacto de unos $ 65 millones mensuales en la planilla salarial del Estado provincial. Así, entre diciembre, enero y febrero -período mínimo en el que regirán los nuevos valores-, ese índice significará un costo total de $ 195 millones.
El ministro de Seguridad y Justicia,
Regino Amado, había señalado que
el 1,8% adicional producto del anuncio del Indec será retroactivo a diciembre. Por lo tanto, cuando los estatales cobren enero, percibirán un aumento global sólo en ese mes del 3,6%, como resultado de la sumatoria de dos meses.
Además, el funcionario aseguró que
en febrero iniciarán la ronda de negociaciones, primero con la docencia y luego con los gremios estatales.
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/758559/actualidad/gremios-estatales-piden-18porciento-incluya-aguinaldo.html
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