Los hombres de Alperovich enjuiciados en el caso Lebbos le costarán millones al Estado por demandas civiles
Sábado 24 de Febrero de 2018, 06:20
DECLARACION. Alberto Lebbos dio su testimonio y respondió preguntas en el juicio por el crimen de su hija Paulina.Una suma ligeramente inferior está en disputa en el proceso penal en marcha contra Carlos Albaca, ex fiscal imputado por su conducta respecto del crimen de Lebbos. El ex investigador sería enjuiciado también este año, mediante una audiencia separada que aún no tiene fecha de inicio.
El cálculo de los intereses surge de la aplicación de la tasa activa del Banco Nación desde la fecha de la denuncia penal, 22 de febrero de 2006, hasta el día del comienzo del juicio, 6 de febrero de este año.
Es sólo una operación estimativa porque la Justicia ha de resolver, siempre que admita la demanda civil y por el monto que lo haga, desde cuándo comienzan a correr los intereses respecto de cada uno de los imputados y el coeficiente aplicable, aunque el usado para elaborar esta nota es el que los Tribunales de Tucumán vienen empleando para proteger las sumas de dinero del deterioro del poder adquisitivo.
El plazo de la actualización igualmente corre hasta el pago efectivo, pero ese límite resulta imprevisible puesto que depende, como ya se dijo, de que haya una condena y de que esta quede firme, trámite que, en función de los antecedentes, puede llegar a insumir varios años más.
El Estado participa en el juicio en desarrollo ante la Sala III de la Cámara Penal de esta capital por su condición de empleador de cuatro imputados: Hugo Sánchez, ex jefe de la Polícia; Nicolás Barrera, ex subjefe de la fuerza; Héctor Rubén Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte y Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad (por la misma razón la Provincia participa en la causa “Albaca”). Sobre ellos pesa la presunción de que se valieron de sus cargos públicos para encubrir el crimen.
Si la Provincia llegara a pagar toda o una parte de la reparación, luego eventualmente podría accionar judicialmente contra los acusados mencionados y sus respectivos patrimonios. La responsabilidad estatal por los hechos de sus dependientes excluiría, en principio, los montos que el tribunal pudiese llegar a regular respecto de Roberto Luis Gómez, el electricista acusado de haber participado en el homicidio.
Inquietud vetada
El cálculo de la indemnización pecuniaria fue elaborado a partir de la edad de fallecimiento de la víctima (22 años), de su expectativa de vida al momento de los hechos y de su condición de estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Tucumán.
La demanda civil toma como referencia el salario mínimo, vital y móvil a septiembre de 2016 ($ 7.560) y solicita el reconocimiento de los rubros de daño emergente ($ 975.240); lucro cesante ($ 3.636.360); pérdida de chance ($ 975.240) y daño moral ($ 5.586.840). El reclamo fue hecho por Alberto Lebbos, padre de la joven, en nombre de su nieta. Para él no solicitó ningún tipo de reparación. “Pedimos la mitad de lo que correspondía”, explicó el abogado Emilio Mrad.
El Estado, por su parte, considera que la reclamación debe ser desestimada y por ello, antes de que comenzara el juicio, planteó la prescripción de la acción civil y objetó que un monto parecido haya sido exigido también en el caso del ex fiscal Albaca, que enfrenta otra imputación por encubrimiento.
Según Carlos Parajón Ferullo y Cecilia Vaccaro, abogados de la Fiscalía de Estado, no corresponde que la Provincia responda dos veces por los mismos hechos.
Inés Avellaneda, defensora de Menores, y los abogados del Poder Ejecutivo interrogaron el jueves a Lebbos, quien prestó testimonio como testigo. Mediante las preguntas de Avellaneda, que representa los intereses de la nieta, se supo que esta tiene 17 años y pretende estudiar la Licenciatura en Ciencias de la Educación; que vive con su abuelo y una tía; que practica danzas y teatro, y que tiene una vida social activa, además de asistencia psicológica permanente. Su tutor también refirió que aquella era muy consciente de la historia de su madre y que la familia había procurado resguardarla lo más posible.
Frente a las preguntas de Parajón Ferullo, que recibió numerosas advertencias de parte del presidente del tribunal, Carlos Caramuti, Lebbos explicó que, debido a que ni la Policía ni el Ministerio Público Fiscal habían cumplido sus deberes, él se había visto obligado a transformarse en detective, auditor, gestor, procurador, abogado,etcétera, mientras trabajaba para mantener su hogar.
“Yo me pregunto: ¿qué pasa con los ciudadanos que son asesinados y no tienen parientes que luchen para que se haga justicia”, cuestionó.
Hacia el final del interrogatorio, el abogado del Estado le preguntó si su hija había bebido alcohol. Esa inquietud irritó a Caramuti, quien la vetó por considerarla que agredía los derechos de la víctima.
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/762331/actualidad/estado-se-expone-pagar-28-millones-intereses.html
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