Tucumán tiene menos del 1 por ciento de las causas por corrupción del país

Domingo 22 de Abril de 2018, 06:29

JUSTICIA FEDERAL. Las causas por corrupción en el ámbito público que se ventilan en Tucumán son una porción ínfima del total nacional.



La actividad más sensible de los Tribunales Federales, la dilucidación de las denuncias de corrupción, ya puede ser descrita en términos aritméticos.

La jurisdicción de Tucumán abrió 72 expedientes -3,4 al año- relativos a supuestos delitos cometidos por funcionarios públicos entre 1996 y 2016, de los cuales 50 están cerrados según una auditoría sin precedentes del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Un conjunto de 22 procesos permanece en trámite. Estos números revelan a primera vista que el movimiento de Tucumán es ínfimo en comparación con el volumen general: en el mismo período, las 147 sedes de la Justicia Federal iniciaron 9.476 causas y finalizaron 7.298. El Consejo precisó que por “finalizar” o “cerrar” no hay que entender “esclarecimiento de hechos”.

Los estrados tucumanos aportan el 0,75% de las causas de corrupción detectadas en dos décadas en Argentina y el 1% de las que siguen abiertas -el Consejo no identificó los procesos-. Se trata de un porcentaje bajo si se considera que en Tucumán habita el 3,6% de la población.

Con Santiago del Estero y Catamarca incluidos, esta sede inició 117 expedientes de corrupción de los cuales 72 corresponden a Tucumán, 19 a Santiago del Estero y 26 a Catamarca (cada una de esas provincias tiene un juzgado y un tribunal oral). La oficina de primera instancia catamarqueña no registró casos en las dos décadas consideradas: es una rareza en el Noroeste.

Tucumán (con Santiago del Estero y Catamarca), Resistencia (Chaco) y Salta son las jurisdicciones con menor número de causas: respectivamente abrieron 117, 109 y 28 casos en el lapso considerado. Muy lejos están de la Cámara Criminal y Correccional Federal más conocida como Tribunales de Comodoro Py, que concentra 3.917 de los 9.476 procesos iniciados en el país: esta sede sustancia el mayor número de investigaciones que atañen a la Nación. A continuación se sitúan la Cámara Federal de Casación Penal, que revisa expedientes de todas las jurisdicciones (1.517), Comodoro Rivadavia (620), Rosario (534) y Mar del Plata (396).

La presentación de los resultados de la auditoría encargada en 2016 tuvo lugar el 12 de abril, en la sesión del pleno del Consejo que preside Miguel Piedecasas. El informe indica que es la primera fiscalización de esta especie y magnitud practicada en la historia. Su origen es un pedido del Colegio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires al que luego adhirieron otras instituciones.

El objetivo de la auditoría es cuantificar y medir el desempeño respecto de los casos con pedido de investigación que involucran hechos ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública, donde al menos hay un funcionario nacional implicado (quedan afuera las meras denuncias). El estudio también expone la falencias del sistema.

Durante este año el Consejo informará sobre los motivos de conclusión de las causas: un número abrumador finaliza sin llegar a juicio. También habrá un análisis de los tiempos, que en algunos supuestos se aproximan a la década. Y se esperan detalles relativos a los movimientos de 2017, lo que permitirá actualizar los datos y consolidar la política de medición permanente aprobada por el Consejo.

La auditoría comprendió el trabajo de ocho jueces federales con funciones en la provincia: Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Ernesto Wayar, camaristas de Apelaciones; Gabriel Casas, Alicia Noli y Carlos Jiménez Montilla, vocales del Tribunal Oral, y los jueces de primera instancia, Daniel Bejas (N°1) y Fernando Luis Poviña (N°2) -en el ínterin dejó el cargo y falleció el ex vocal Raúl D. Mender-.

Este subconjunto supone el 2,72% de los magistrados federales fiscalizados (294). Por el juzgado de Bejas pasó el mayor número de expedientes: 34 en total, entre casos en trámite (10) y finalizados (24). La auditoría sólo encontró cuatro (tres terminados y uno en marcha) en el despacho encabezado por Poviña.

En la Cámara de Sanjuán, Wayar y Cossio hay 25 (dos en trámite y 23 culminados) y nueve en el Tribunal Oral de Casas, Noli y Jiménez Montilla (siete y dos respectivamente). Ese último estrado juzgó y condenó a un ex juez federal primero de Catamarca y luego tucumano, Felipe Federico Terán, en 2014 y 2017. Los hechos de corrupción habían sido denunciados respectivamente en 2005 y 2003, y las causas aún no terminaron puesto que las condenas no están firmes.
 

Fuente: https://www.lagaceta.com.ar/nota/768297/actualidad/de-9476-causas-corrupcion-apenas-72-corresponden-tribunales-tucumanos.html