¿Por qué Amaya no difundió la auditoría que halló graves irregularidades en el Instituto de la Vivienda del Ratita Durán?
Jueves 21 de Julio de 2016, 12:03
Domingo Amaya y Gustavo Durán."¿Nadie sabía que se habría exigido “el 15%” a los constructores? ¿O que los encargados de las obras eran siempre los mismos? ¿O que aparecieron nuevas empresas constructoras, cuyos dueños eran a la vez empleados públicos, por ejemplo, y casualmente del Instituto de la Vivienda?", se pregunta el periodista Indalecio Sánchez en su columna de La Gaceta.
El análisis prosigue de esta manera:
Eso está tratando de averiguar el Gobierno nacional, que intenta dilucidar hasta qué punto el despilfarro de millones en obras no se detectó por complicidad. O por amistad...
En ese punto, lo que estaría bajo revisión sería la Secretaría de Vivienda de la Nación. Ese organismo -que conduce el tucumano Domingo Amaya- encaró, apenas asumió, una auditoría sobre los fondos para viviendas. Se hizo público, al toque, un informe donde se daba cuenta de fondos entregados a la Fundación María de los Ángeles para que construyera viviendas que no habían sido ni rendidos ni utilizados. Pero no se hicieron públicos algunos detalles que apuntan contra el Instituto de la Vivienda que comandó -y comanda- Gustavo Durán.
Esa auditoría, del 26 de mayo de este año, revela que hay cientos de beneficiarios de mejoras habitacionales del programa Mejor Vivir II que recibieron la asistencia sin un estudio sobre la necesidad real que tenían del beneficio ni los DNI de los beneficiarios y una clara arbitrariedad en su entrega. De hecho, los auditores Gustavo Flores, María Paula Sarmiento y Luciana Estrada concluyeron que, según su análisis, en el uso del Mejor Vivir II, “intervienen preferencias electorales”.
También observaron que “el programa no responde a una demanda previa y puntal de beneficiarios debidamente identificados” y que no pueden afirmar “que se esté ejecutando la cantidad de módulos que actualmente financia la Secretaría de Vivienda”. Eso sólo en un programa que manejó apenas un grano de arena si se lo compara con la “camionada” de recursos que se destinaron, por ejemplo, al megaemprendimiento Lomas de Tafí.
Los auditores también relatan que se reunieron con el coordinador de los Programas Federales y Mejor Vivir del IPV, pero nada dice el estudio sobre que ese mismo funcionario público sería el dueño de una empresa constructora que habría ejecutado gran cantidad de mejoramientos de viviendas y que construyó casas, por ejemplo, en Manantial Sur. Tampoco detectaron la relación entre algunos ingenieros y arquitectos que están a cargo de distribuir los fondos nacionales con las cooperativas que ejecutaron esas obras. Y la relación de esos personajes -parientes entre ellos- con “Lopecito”.
Resulta extraño que no se hayan publicitado tremendos hallazgos que resultaron de la auditoría ni que se haya ahondado en “pistas” que cualquier empleado o funcionario o constructor conoce perfectamente. ¿O será que todos son amigos? O quizás cabe el análisis de Platón o el adagio que asevera que en política no hay amistades, sólo conveniencias.
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/691042/opinion/habran-recibido-saludos-politicos.html
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