Comparan el caso del "Ratita" Durán con el de la detenida dirigente Milagro Sala

Lunes 25 de Julio de 2016, 04:48




El comité que elaboró la auditoría sobre la aplicación del programa federal “Mejor Vivir II” en Tucumán aún no ha concluido con su labor. Según información aportada por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, a cargo de Domingo Amaya, aún se espera que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu o IPV) aclare algunas deficiencias en la documentación aportada.

El contador Gustavo Javier Flores, quien encabezó la supervisión de los 12 barrios entre el 16 y el 20 de mayo pasados, elevó un informe a sus superiores señalando los trabajos posteriores a la concreción de la auditoría interna.

Según información que trascendió desde el organismo que conduce el ex intendente tucumano, el 26 de mayo fue elevado el informe a las autoridades de la repartición, “haciendo constar el problema de falta de documentación” por parte del IPV.

Cinco días después, el interventor del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, recibió una copia de las actuaciones. Además, se le entregó “un requerimiento para que entregara documentación que no nos fue provista durante la auditoría, pese a que había sido solicitada una semana antes de la visita a Tucumán”, señaló Flores.

El contador manifestó luego que los datos solicitados fueron girados por el IPV el 21 de junio, es decir, tres semanas después de que les pidieran la documentación complementaria. El 7 de julio pasado se insistió con señalar “las deficiencias” en los informes requeridos. “Esas deficiencias están pendientes de respuesta por parte del IPV de Tucumán”, les indicó Flores a sus superiores.

El caso Milagro Sala

No es la primera vez que un informe sobre el plan “Vivir Mejor” genera polémicas. En febrero, el fiscal federal de Jujuy, Mariano Miranda, inició una investigación penal por posible lavado de activos en contra de la dirigente kirchnerista, Milagro Sala, hoy detenida. Luego de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el magistrado apuntó al manejo de fondos (unos $ 750 millones) destinados a la construcción de viviendas sociales por parte de la cooperativa “Pibes Villeros”, ligada a Sala.
 

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/691610/politica/esperan-ipv-aclare-deficiencias-documentacion.html