Lunes 01 de Agosto de 2016, 20:15
El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
Horacio Verbitsky, publicó en el diario Página/12 una dura columna contra Gregorio Dalbón, el abogado que representa a la ex presidenta Cristina Fernández en la causa civil contra la diputada Margarita Stolbizer.
“Si tuviera un abogado idóneo, se ahorraría el porrazo judicial”, advirtió el periodista vinculado al kirchnerismo.En su escrito, Verbitsky explica que un “un dictamen de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó contraría la pretensión de CFK de iniciar una demanda por daños contra Margarita Stolbizer, quien la acusó de duplicar su patrimonio”. Y detalla que en dicha resolución firmada el 11 de diciembre de 2015, fue Gils Carbó quien “recomendó desestimar una denuncia presentada por Manuel Garrido contra el ex Procurador General Esteban Righi”.
“En 2009, al renunciar como Fiscal General de Investigaciones Administrativas, Garrido adujo que Righi había recortado sus facultades para investigar actos de corrupción, cosa que el Procurador negó. Electo diputado por la UCR en 2011, reiteró esos conceptos en 2012, cuando Righi renunció como Procurador”, añadió.
“Garrido se amparó en las inmunidades funcionales que protegen a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y a los legisladores nacionales”, ante esto, la Procuradora “le dio la razón ya que
según el artículo 68 de la Constitución Nacional ‘ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador’, prerrogativa cuyo objetivo es garantizar que “ejerzan sus funciones en forma libre e independiente”, agregó el escritor.
“Con una cita de la Corte Suprema de Justicia dijo que ‘esta inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto; porque si hubiera un medio de violarla impunemente, éste se emplearía con frecuencia por los que intentan coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio, y frustrada la Constitución en una de sus más sustanciales disposiciones’.
Para la Corte ‘la posibilidad de que un miembro del Congreso pueda ser sometido a proceso, a fin de que en él sean indagados o interpretados judicialmente sus opiniones […] contraría la idea que sobre la división de poderes tuvieron los autores de la Constitución’”, sentenció.“Si tuviera un abogado idóneo que la representara la ex mandataria se ahorraría el porrazo judicial, que los medios hostiles amplificarán en su contra”, concluyó Verbitsky.
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